Cuestión de dislexia

Reforma Procesal

Paco Bello para DPEH

 

Por favor, leed con atención este documento. Esto no puede continuar, y si lo aceptamos es que lo merecemos.

De todas las burradas que nos han hecho (y hemos aceptado) hasta ahora y con 4.600.000 parados:

  • Cancelación del PRODI

  • Aprobación de la Ley Sinde

  • Cancelación del proyecto de Ley de Transparencia

  • Aumento incontrolado tarifas energía

  • Incremento del IVA

  • Modificación de edad y periodo de cómputo Jubilación

  • Reforma laboral, inseguridad y precarización del trabajo

  • Privatizaciones (Cajas de ahorro, Loterías, AENA, etc)

  • Rescate de la banca privada (FROB)

  • Incremento impuestos indirectos (no progresivos; carburantes, tabaco, alcohol, etc)

  • Eliminación Cheque-Bebé y modificaciones en Ley Dependencia

  • Ayudas económicas directas a grandes empresas (automovilísticas principalmente)

  • Voto en contra de la dación en pago (PP-PSOE)

  • Mantenimiento fiscalidad (1%) de las SICAV’s

  • No recuperar impuesto de patrimonio

  • Reuniones privadas con bancos y grandes empresas.

Después de todo eso, y algo más que seguro olvido, y las “curiosidades” como el asunto de la prohibición selectiva de fumar en locales públicos (en bingos y casinos sí se puede), y la limitación a 110 Km/h que parece es debida a tener que aumentar las reservas estratégicas de crudo frente al más que probable déficit de gas por un conflicto en Argelia, nuestro principal proveedor (¿qué sabrá Rubalcaba que nosotros no sabemos?)

Pues después de todo y de que cada vez más ciudadanos acudan a la “caridad” de los comedores sociales mientras bancos y grandes empresas aumentan beneficios, sin pararnos a hablar del apoyo que España está prestando para la invasión de países, o la injerencia en la creación de partidos políticos, y que ya es para que estos “señores” estuvieran encarcelados, lo más grave ocurrirá (se aprobará) mañana, con la más sangrante y repugnante reforma procesal que pudiera imaginarse:

Justicia para ricos…

(Tomado de diario Público)

Desahucios más rápidos con menos trámite

Es el aspecto valorado más positivamente por los expertos consultados, porque logra la agilización buscada. En los juicios de desahucio por impago, cuando el arrendatario no desaloje el inmueble o se oponga al requerimiento, se le comunicará directamente la fecha en la que se realizará el lanzamiento, es decir, al desalojo del inmueble. Evitará la celebración de vistas innecesarias. A esta medida, ya anunciada en los conocidos como desahucios exprés, se suma la obligación de que las partes comuniquen al juzgado cualquier cambio de domicilio, porque la búsqueda de los requeridos retrasa el proceso.

Igual que Europa, sin límite en los monitorios

También se considera, en general, positiva la eliminación del límite de cantidad en los procesos monitorios (reclamación de una deuda mediante la presentación de un documento sin necesidad de celebrar un juicio), porque los equipara a los europeos. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destacó este punto en el informe favorable al anteproyecto que aprobó en enero con los votos discrepantes de dos vocales elegidos a propuesta del PP. No obstante, Jueces para la Democracia entiende que como de estos procesos se ocupan los secretarios judiciales, al no fijar límite de cantidad, se quitan competencias a los jueces.

Al Supremo sólo por más de 800.000 euros

El punto más cuestionado de la reforma judicial es que eleva la cuantía para poder recurrir en casación al Tribunal Supremo en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa de 150.000 a 800.000 euros. El objetivo del Ministerio de Justicia es que el Alto Tribunal no se convierta en una tercera instancia, y pueda realizar mejor la función que tiene encomendada constitucionalmente: unificar y fijar doctrina. Por eso, limita la vía por la que más recursos de casación recibe ahora el Alto Tribunal, que asegura que levantará la mano a la hora de admitir recursos por el interés casacional del asunto sobre el que versan.

Sin recurso en juicios de menos de 6.000 euros

La eliminación de la apelación en los juicios verbales cuya cuantía no supere los 6.000 euros también es muy discutida, porque supone un recorte de una garantía con la que hasta ahora contaban los ciudadanos. El argumento consiste en que, para una cuantía tan baja, el recurrir a la Audiencia Provincial retrasa la resolución del litigio. “Sale más caro el collar que el perro”, en palabras del catedrático de Procesal Vicente Guzmán. Pese a ello, el experto se declara partidario de permitir al ciudadano elegir entre rapidez y garantías. Los demás catedráticos objetan la inseguridad que creará la discrepancia en casos similares.

Condena en costas frente al Estado

En la jurisdicción contenciosa las costas (coste del proceso) sólo se imponían cuando se entendía un pleito temerario o motivado por la mala fe. Ahora se asimilan a las de lo civil, donde suele pagarlas el que pierde el litigio.

Vamos a crear un documento al respecto, pero lo que se pueda decir ya no sirve de nada, esto no puede continuar.

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5 comentarios

  1. sofía

    Terrorífico listado.

    Pero gracias,indicadísimo por las mañanas con le café ¡¡ a ver si despabilamos de una vez!!!

    3 marzo, 2011 en 11:47

    • sofía

      .. “el café”,perdón!! (cuestión de dislexia..)

      3 marzo, 2011 en 11:54

  2. No mates al mensajero 🙂 En cualquier caso si te veo algún día te pago el café (asumo mi parte de culpa).

    Jajaja, lo de las dislexias debe ser fruto de la situación. Aunque “le café” suena bonito, como afrancesado.

    Un saludo, e iba a decir que “paciencia”, pero casi voy a alentar a perderla, porque con la educación y el diálogo no hemos conseguido nada.

    3 marzo, 2011 en 12:29

  3. Jesús Díaz Formoso

    Ni el derecho, ni las Constituciones, poseen otro significado que el de
    definir un marco de convivencia social. Y no podemos pretender que esa
    convivencia social permanezca estática. Es siempre DINÁMICA; se construye
    cada día, se innova y adapta en cada momento a la realidad social.

       De la misma manera, el contenido de los Derechos Fundamentales tampoco es
    estático, sino que se encuentra siempre en movimiento; movimiento generado
    por la tensión entre fuerzas contrapuestas.

        Cuando esas fuerzas apuntan, cada una, en su propia dirección, el Derecho
    impide -o eso intenta- que la sociedad se hunda en el caos. Y, en cada
    momento, predominará la fuerza dotada de mayor organización. Es la realidad.

        En un mundo de ficción, regido por el “deber ser”, parecería sencillo (o
    al menos factible) alcanzar una convivencia social “estática”, regida por
    principios inmutables de orden constitucional. Sin embargo, en el mundo
    real, el “deber ser” no puede resultar ajeno a las tensiones creadoras de
    ese dinamismo constructor de la realidad inmediata.

        El Derecho es acción. Es la acción del aplicador del derecho. Es la
    acción del ciudadano, sujeto/objeto de Derecho. Es una obra inmensa, siempre
    en construcción.

        Por ello, el estudio del Derecho vigente, requiere el análisis de la
    realidad del momento histórico vivido. Será esa realidad la que, en cada
    instante, determine el estado de la convivencia social, y consecuentemente,
    el campo de actuación del Derecho y su dinámica.

        A muchos no nos complace la realidad que nos ha tocado vivir. Por eso
    hemos de actuar para cambiarla, para mejorarla. Pero para ello, no podemos
    colocarnos en un plano ideal, abstracto, intangible. Al contrario, hay que
    situarse dentro de la realidad. Hay que enfrentarse a ella. Por duro que
    sea.

        Y la realidad, muestra la decadencia de los Derechos Humanos. Muestra la
    vigencia/emergencia de nuevos valores. Valores individuales, insolidarios y
    egoístas. Nuevos valores sobre los que esta siendo construida la realidad.
    Y, consecuentemente, el Derecho, organizador de la convivencia social.

        Son esos nuevos valores individuales, egoístas e insolidarios, los que
    están siendo incorporados a nuestra esfera jurídica. Y el Derecho los
    reconoce y hace suyos, “estatalizándolos”. Por medio de la acción
    legislativa, ejecutiva y judicial.

        Percibo que, en nuestra lucha por los Derechos Fundamentales, nos
    centramos en lo “individual”, en un egoísta “que hay de lo mío”. Esa
    dispersión genera la desactivación de la fuerza que es propia de todo grupo
    cohesionado. La dispersa y debilita.

        No construiremos un mundo mejor centrándonos en nuestros propios
    intereses. Al contrario, profundizaremos en la consolidación del egoísmo
    individualista como director de la organización de la convivencia, siempre
    “en movimiento”, siempre dinámica.

        No se trata de defender nuestros derechos fundamentales, sino de
    defender Los Derechos Fundamentales. Con abstracción de nuestros propios
    problemas. Con solidaridad, que siempre es para con los demás. De otra
    forma, confundiremos solidaridad con egoísmo.

        Y eso lo ha percibido magníficamente la Opinión Pública. Aunque a muchos
    nos duela reconocerlo. Por eso, la respuesta de los ciudadanos ante las
    agresiones de que son objeto los Derechos de “otros”, es de inhibición (“no
    es mi problema”).

        La jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, como no podía ser
    de otra manera, ha venido haciendo suyos los postulados de esta nueva
    organización social, basada, insisto, en el egoísmo individualista, en la
    insolidaridad; en la feroz competencia entre individuos, que buscan, cada
    uno, la satisfacción de sus propios intereses.

        Y es esta situación la que impide la unión, de la que habría de surgir
    la fuerza, la potencia constructora de una realidad “justa”.

        En efecto, tal unión, basada en la individualidad de sus miembros, no
    puede tener como resultado una mayor potencia del grupo. Para ello es
    necesario que esa unión sea coincidente en su dirección, pues solo así las
    fuerzas individuales se suman para alcanzar una superior potencia.

        Cuando, como es el caso, las fuerzas individuales tienen distintas
    direcciones, en lugar de sumarse unas a otras, se anulan entre sí; se
    disminuyen mutuamente.

        ¿Cual es la acción que puede dar coherencia, unidad y potencia a
    nuestros intereses individuales? Evidentemente, solo puede serlo la acción
    Solidaria.

        Pero, ¿somos capaces de emprender esa acción solidaria? ¿Somos capaces
    de sacrificar a ella nuestros intereses individuales? Si no lo somos,
    nuestros esfuerzos, por grandes que puedan llegar a ser, están destinados al
    fracaso. Y ese fracaso, nos lleva a la decepción. Y nos hace impotentes.
    Infelices.

        ¿Queremos construir ese mundo basado en valores solidarios? Y, si es
    así, ¿que estamos dispuestos a sacrificar a tan noble causa? ¿Tenemos la
    humildad que la consecución de tan elevados fines exige? ¿O, en realidad
    nuestros deseos de una sociedad más justa solo son fruto de la vanidad?

        ¿Estamos dispuestos a poner nuestra potencia al servicio de todos,
    renunciando a dar satisfacción a nuestros deseos individuales? Si no es así,
    todos los esfuerzos serán inútiles. El Derecho seguirá construyéndose sobre
    la insolidaridad y el egoísmo.

        Podemos culpar a otros de ello, pero ¿que de bueno lograremos así? Solo
    más infelicidad, solo mayores sentimientos de impotencia y frustración. No
    somos mejores que aquéllos a quienes criticamos. La única diferencia es que
    esos otros han tenido más éxito al imponer su individualidad.

    Os deseo éxito al responderos a estas
    preguntas. Y, una vez respondidas, deseo que podáis ser coherentes con
    vuestras respuestas. O lo que es lo mismo, recibid mis mejores deseos de
    felicidad.

    Chus

    10 marzo, 2011 en 0:54

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